El acuerdo Mercosur–Unión Europea tras 26 años de negociaciones
Tras más de dos décadas de negociaciones marcadas por impasses políticos, económicos y regulatorios, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea avanza hacia su firma, representando un hito histórico en la integración comercial entre los dos bloques.
Calificado por el presidente Lula como el cierre de “más de 25 años de sufrimiento y tentativa”, el tratado tenderá a crear la mayor zona de libre comercio del mundo, involucrando economías altamente industrializadas y países emergentes con fuerte vocación exportadora.
El apoyo de 21 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea hizo viable el avance del acuerdo, aunque persisten resistencias puntuales y la necesidad de ratificación por parlamentos nacionales, lo que evidencia que su implementación será gradual y políticamente sensible.
Sostenibilidad en el acuerdo: compromisos amplios y gobernanza frágil
El capítulo dedicado al desarrollo sostenible ocupa una posición central en el discurso político del acuerdo, pero presenta limitaciones relevantes desde el punto de vista jurídico.
Su contenido reafirma compromisos internacionales ya existentes, como el Acuerdo de París, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las Convenciones de la OIT, sin crear nuevos mecanismos vinculantes ni sanciones específicas.
El texto parte del supuesto de que el comercio internacional debe contribuir a la protección ambiental, los derechos humanos y condiciones dignas de trabajo, prohibiendo el debilitamiento de normas ambientales o laborales como instrumento para atraer inversiones.
Sin embargo, la ausencia de herramientas coercitivas más robustas debilita su efectividad, transfiriendo a los Estados y al mercado la responsabilidad de concretar esos compromisos mediante políticas públicas, regulación interna y prácticas empresariales alineadas con la gobernanza sostenible.
El ESG como eje estructurante de las decisiones de inversión
En este contexto, la agenda ESG se consolida como un elemento estructural del análisis económico y jurídico, dejando de ocupar un espacio meramente reputacional.
Informes recientes del mercado indican que los factores ambientales, sociales y de gobernanza pasaron a influir directamente en la asignación de capital, la valoración de activos y la evaluación de riesgos, especialmente en horizontes de mediano y largo plazo.
La transición hacia una economía de menor intensidad de carbono, la eficiencia en el uso de recursos naturales y la calidad de la gobernanza corporativa se han convertido en variables centrales para la competitividad de las empresas.
En entornos regulatorios más exigentes y volátiles, las estructuras sólidas de gobernanza funcionan como mecanismo de protección para los inversores y como diferencial estratégico para las empresas que actúan en cadenas globales de valor.
Propiedad Intelectual en el acuerdo y el fortalecimiento de la Marca Brasil
El acuerdo Mercosur–Unión Europea incorpora un capítulo específico de Propiedad Intelectual que asume relevancia estratégica para las empresas brasileñas.
El texto abarca derechos de autor, patentes, marcas, diseños industriales y, de forma destacada, las Indicaciones Geográficas.
El reconocimiento, en el mercado europeo, de 37 IGs brasileñas —como Cachaça, Queso Canastra y Vale dos Vinhedos— representa un avance significativo en la valorización del origen, la calidad y el patrimonio cultural de los productos nacionales, fortaleciendo la llamada “Marca Brasil”.
Al mismo tiempo, el acuerdo reconoce 358 IGs europeas en Brasil, con salvaguardas para productores locales que utilizaban de buena fe determinadas denominaciones.
En materia de patentes, se preserva el equilibrio al no ampliar los plazos de protección más allá de lo previsto en el TRIPS, mientras se incentiva la adopción de buenas prácticas internacionales, como el Protocolo de Madrid, facilitando el registro y la protección de marcas en múltiples jurisdicciones.
Impactos prácticos para empresas brasileñas y desafíos de implementación
En la práctica, el acuerdo amplía oportunidades, pero impone nuevas responsabilidades a las empresas brasileñas.
La apertura de mercado viene acompañada de la necesidad de una diligencia reforzada en la protección de activos intangibles, el cumplimiento de estándares ESG y la adecuación a exigencias regulatorias europeas cada vez más rigurosas.
La seguridad jurídica proporcionada por el capítulo de Propiedad Intelectual reduce los riesgos de apropiación indebida y litigios, al mismo tiempo que exige una planificación estratégica para el registro de marcas, patentes y reconocimiento de IGs.
Sin embargo, los efectos concretos del acuerdo dependerán de su ratificación e implementación progresiva, lo que puede alargar plazos y generar incertidumbres en el corto plazo.
Aún así, el tratado señala un cambio estructural: la competitividad internacional, la sostenibilidad y la protección de activos intelectuales pasan a ser dimensiones inseparables para las empresas que pretenden actuar de forma relevante en el nuevo escenario global.